La misma ONU recomendó a España modificar su regulación del aborto por considerarla discriminatoria. Gallardón pondrá fin al genocidio eugenésico del aborto y eliminará el supuesto de malformación.
Gallardón: «La libertad de maternidad es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres».
Gallardón defiende la protección del derecho a la maternidad de la mujer ante la embestida del PSOE: «Lo más progresista que he hecho en mi vida política es defender el derecho a la vida». Según informa la agencia Efe, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que se reúne este martes con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "previsiblemente" expresará su apoyo a la supresión en la legislación española del llamado aborto eugenésico, es decir, aquel que se practica para evitar el nacimiento de un feto con discapacidad.
Según recordó cuando el ministro anunció la medida hace unos días, el Cermi, al igual que todo el movimiento mundial de la discapacidad, viene señalando desde hace años que el aborto eugenésico por razón de discapacidad "es contrario a los derechos humanos, ya que parte de la premisa de que la vida de las personas con discapacidad es menos valiosa que la del resto, y por este motivo se le puede aplicar un trato desigual, que encierra una clara discriminación, prohibida por las normas internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad".
La propia ONU recomendó a España en septiembre de 2011 que derogase cualquier supuesto discriminatorio por motivos de discapacidad en relación con la regulación del aborto, dado que resulta contradictorio y vulnera la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, firmada y ratificada por España, y aplicable en nuestro país desde 2008, informa Efe.
Recientemente, también la asociación Down España respaldo el propósito de Gallardón de suprimir el aborto eugenésico, que según cifras oficiales provoca que el 88% de los niños con síndrome de Down sean eliminados antes de nacer.
Según Agustín Matía, gerente de la asociación, se trata de un "logro histórico": "La valoración es muy positiva, llevamos años recordando al Gobierno y a los grupos parlamentarios que el país estaba obligado a aplicar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".
Actualizado 31 julio 2012 ReL
