Declaración de los obispos españoles en la que advierten de que el proyecto del Gobierno es una “puerta abierta a ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la muerte” y de que “los profesionales de la sanidad quedan prácticamente reducidos a ejecutores de la voluntad de los pacientes”.
La CEE considera que el texto que propone el Gobierno "deja la puerta abierta a ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la muerte"
El pasado 26 de mayo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, se refería por vez primera al Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida que propone el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El cardenal arzobispo de Madrid declaraba entonces que su “juicio primero es que no hay una ley de eutanasia”, aunque también aclaraba que era una primera impresión, ya que aún no había leído el texto personalmente y su valoración se basaba en un primer análisis emitido por sus colaboradores a la espera de analizar el documento en su totalidad.
Ahora, una vez revisado el texto en profundidad, la CEE ha aprobado una Declaración en la que analiza el texto propuesto por el Gobierno socialista y, entre otras cuestiones, concluye que esta ley, si se llega a aprobar tal como está redactada, “podría suponer una legalización encubierta de prácticas eutanásicas”.
La Declaración de la CEE se publicó este lunes, 27 de junio, y es fruto de la Comisión Permanente tras celebrar los obispos su CCXX reunión los pasados 21 y 22 de junio. Esa reunión ha sido la primera tras la renovación de cargos efectuada en la pasada Asamblea Plenaria, que tuvo lugar del 28 de febrero al 4 de marzo.
Omisiones causa de muerte
En la ´Declaración con motivo del Proyecto de Ley Reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida´, la CEE recuerda las numerosas ocasiones en las que han hecho oír su voz para anunciar el Evangelio de la Vida, según el cual “la vida de cada persona es sagrada, también cuando es débil, sufriente o se encuentra al final de su tiempo en la tierra” y que “las leyes han de proteger siempre su dignidad y garantizar su cuidado”.
La Declaración reconoce la intención laudable del Proyecto, que, según se explicita en el propio texto legal, es proteger la dignidad de la persona en el final de la vida sin despenalizar la eutanasia.
Sin embargo, los obispos señalan que “una concepción de la autonomía de la persona, como prácticamente absoluta, y el peso que se le da a tal autonomía en el desarrollo de la Ley acaban por desvirtuar la intención declarada y por sobrepasar el límite propuesto de no dar cabida a la eutanasia”.
El propio concepto de dignidad humana queda negativamente afectado, “puesto que parece sostenerse implícitamente que una vida humana podría carecer de dignidad tutelable en el momento en el que así lo dispusiera autónomamente la parte interesada e incluso eventualmente un tercero”.
El texto aprobado por los obispos señala también que el Proyecto de Ley emplea una definición reductiva del concepto de eutanasia, con la que se deja la puerta abierta a ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración.
Se señalan además algunas conductas eutanásicas a las que se daría cobertura legal como, por ejemplo, la posible sedación inadecuada, el abandono terapéutico o la omisión de los cuidados debidos.
La Declaración episcopal se muestra crítica con el trato que recibe en la Ley el derecho humano fundamental de libertad religiosa, con el hecho de que los profesionales de la sanidad queden prácticamente reducidos a ejecutores de la voluntad de los pacientes y con que no les sea reconocido el derecho a la objeción de conciencia.
Por último, el texto de los obispos vuelve a proponer un modelo de Testamento Vital, acorde con la Doctrina Católica, que es una redacción actualizada del que ya ofreció en su momento la Conferencia Episcopal Española.
Fuente: ForumLibertas.
Autor: Catholic.net | Fuente: Catholic.net
