Algo que sorprendió a propios y extraños.
Inmediatamente el Ministro de Salud declaró ante los medios que una regulación así no es necesaria. Indicó que “no hay ninguna situación” ni impedimento legal para que una madre en peligro de su vida por el embarazo sea sometida a un aborto terapéutico según el actual Código Penal. Con ello zanjó el tema y dejó sin respaldo político a Dalia Suárez.
Pero ¿quién es esta funcionaria que decidió sacar este tema que hasta el Poder Judicial ha declarado su improcedencia?
Su nombre es Dalia Miroslava Suarez Salazar y es la recientemente ascendida a Directora General de Asesoría legal del Ministerio de Salud. Suárez trabajó durante la gestión del ex Ministro Oscar Ugarte, recordado por sus numerosos intentos fallidos de aprobar el llamado “protocolo de aborto terapéutico”. Diversas fuentes consultadas sobre la trayectoria de Dalia Suarez reconocen que ella no tiene una militancia pública con el feminismo radical. Sin embargo, sí la consideran cercana a Susana Chávez, ex directora de PROMSEX y una de las feministas radicales que accedieron a bien remunerados cargos públicos al inicio de este gobierno. Suárez compartía labores con Susana Chávez en el mismo equipo de asesoría a la Alta Dirección del Ministerio de Salud.
¿Será que ante la debacle de la ex Ministra Aída García Naranjo y cuyo fracaso arrastrara a las feministas radicales que se retiraron en pleno del Ministerio de la Mujer, ahora hayan optado por operadores políticos menos identificados con la agenda abortista radical y, por lo tanto, menos vulnerables ante la opinión pública?
Dalia Suárez salió ante los medios locales, afirmando que el Ministerio de Salud ha elaborado una “Guía Técnica para la atención Integral de la Interrupción Voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas”. Este proyecto ha sido propuesto innumerables ocasiones, promocionado por las mismas organizaciones abortistas del Perú desde la gestión del ex Ministro Alvaro Vidal en el 2003 y ha sido rechazado en todas las instancias. No solamente ninguno de los proyectos de ley que consideraron el punto prosperaron en el Congreso sino que existen dos informes de la Presidencia del Consejo de Ministros dando las razones técnicas por las cuales ni la Constitución ni las leyes tolerarían una regulación de esta naturaleza. El último de estos informes expresamente mandó derogar un “Protocolo de Aborto Terapéutico” promulgado por el gobierno regional de Arequipa. Y haría lo mismo con el proyecto ahora impulsado por Dalia Suárez.
Suárez es una abogada que repite consignas abortistas
Tejada sabe muy bien que lo que dice el Código Penal no es suficiente para practicar abortos. En la práctica médica, todo profesional tiene la obligación de tratar por todos los medios de salvar ambas vidas, la de la madre y la de su hijo (aunque en algunos casos algunas de ellas se pierda pero involuntariamente). Y en lo jurídico, el Código Penal reconoce el aborto como delito y en el caso del llamado aborto terapéutico lo único que hace es darle la posibilidad a un juez a que lo excluya de la pena, de ninguna manera otorga la posibilidad de provocar un aborto. Los grupos abortistas con el “protocolo” pretenden convertir un procedimiento judicial en un trámite administrativo. Quitarle la potestad al juez del análisis sobre una conducta indeseada y darle a unos “médicos” la posibilidad de terminar con una vida
La función principal de la directora de asesoría jurídica es ofrecer una opinión imparcial sobre nuestro ordenamiento legal al Ministro de Salud. Sin embargo, Dalia Suárez ha mostrado desconocimiento sobre las decisiones de carácter vinculante para el Estado peruano, como son los tratados internacionales o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no los pronunciamientos de los distintos órganos del sistema de Naciones Unidas. En Noviembre del año pasado, cuando Susana Chávez era todavía asesora del Viceministro de Salud, se discutió la obligación del Estado Peruao por dar cumplimiento a las “recomendaciones” del Comité de la CEDAW para despenalizar el aborto, “protocolo” incluido. Por supuesto que no se cumplieron porque dichas “recomendaciones” no son vinculantes. Esto debido a que no son órganos a los que se les ha otorgado esta facultad, no están conformados por representantes de los países sino por “especialistas” que se pronuncian sobre los casos que son puestos a su conocimiento
¿Qué es lo único que ha cambiado de Noviembre a la fecha? La respuesta es fácil. En esa oportunidad lo promovía, infructuosamente, Susana Chávez. Hoy lo promueve Dalia Suárez.
En tal sentido, de manera equivalente a los excesos que ha cometido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con ocasión del caso Chavín de Huantar, las “recomendaciones” que se refieren a una supuesta emisión del “protocolo de aborto terapéutico” son una clara intromisión en nuestro ordenamiento Jurídico, contradiciendo lo señalado por la propia Constitución peruana que dispone la protección de la vida desde el momento de la concepción, situación que fue entendida y aplicada por todos los Ministros de Salud que han antecedido al Ministro Tejada, les haya gustado o no.
Por lo tanto, los planteamientos esgrimidos por los grupos feministas que se sustentan en las decisiones de la CEDAW o cualquier otro comité de Naciones Unidas, claramente debilitan la actual posición peruana como lo ha venido sosteniendo el Ministro de Justicia Juan Jiménez, frente a las actuaciones de la Comisión y la Corte IDH. Suárez tendría que saber que antes de los deseos feministas a favor del aborto está su obligación de hacer causa común con la política de gobierno actual que es crítica del sistema "supranacional" de Derechos Humanos.
12 de marzo de 2012
Population Research Institute Iberoamérica
