Se convierte en el primer país de Sudamérica en permitir la interrupción del embarazo con el solo consentimiento de la mujer.
La norma fue aprobada en la Cámara alta tras casi diez horas de discusión con 17 votos a favor y 14 en contra. Así, el partido gobernante intenta superar el revés que sufrió una iniciativa similar cuando el ex presidente Tabaré Vázquez decidió vetarla.
La iniciativa pasará a la Cámara de Diputados de 99 miembros, de los cuales 50 pertenecen al oficialista Frente Amplio. El texto concluiría el trámite legislativo en febrero o marzo, tras el receso parlamentario.
Ambas cámaras legislativas habían aprobado la despenalización en octubre de 2008, pero el entonces presidente socialista Tabaré Vázquez (2005-2010), vetó la ley originando una crisis interna en el oficialismo. Como la senadora Mónica Xavier dijo que insistiría con la iniciativa, Vázquez renunció como afiliado al partido Socialista.
El Aborto: un daño irreversible
Lorna Marchetti, participante de los movimientos Pro-Vida ha expresado a AFP: “Esta ley antepone el derecho de la mujer sobre el del niño, que es el más débil y no se puede defender. Se convierte el aborto en un derecho y en un gasto médico que va a pagar todo el pueblo.”
El gobierno del presidente José Mujica obligó en septiembre de 2010 a los servicios de salud a dar información y asesoramiento sobre anticonceptivos o embarazos no deseados pero mantuvo la penalización del aborto. Se estima que, en caso de ser aprobada por el Congreso, Mujica no vetará la ley de despenalización ya que en varias oportunidades se ha manifestado contrario a imponer vetos a las decisiones parlamentarias.
El debate
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, estuvo presente en la sesión parlamentaria, donde la senadora del Frente Amplio Mónica Xavier, expuso el informe a favor del proyecto en una ponencia que se extendió por más de una hora y media.
La senadora oficialista Mónica Xavier (Partido Socialista), una de las impulsoras de la iniciativa, explicó que la ley constituye "un mecanismo garantista de que si la mujer no puede proseguir el embarazo, tenga las mismas garantías que una mujer que llevó el embarazo a término", dijo. "Nosotros no somos censores morales, sino que somos legisladores, por suerte en una sociedad diversa. Necesitamos el reconocimiento de la diversidad de esa sociedad para hacer la norma más equitativa", aclaró.
A continuación, el senador colorado Alfredo Solari (Vamos Uruguay) expresó: "¿Cómo se puede establecer por ley que la interrupción del embarazo solo la puede decidir la mujer? ¿Y el hombre que tuvo su participación? ¿Su opinión no cuenta? En vez de promover la paternidad responsable, lo que decimos con esta ley es que si no está el hombre, no importa", afirmó. El senador Solari también señaló que "en la tercera semana (de gestación) el corazón ya ha empezado a latir y no va a dejar de hacerlo hasta que ese ser humano fallezca".
Más tarde, el senador nacionalista Carlos Moreira (Alianza Nacional) consideró que el derecho a la vida "arranca desde el momento de la concepción como lo dice el Pacto de San José de Costa Rica", y que en caso de ser aprobada esta ley el país estará violando tratados internacionales. Con esta decisión, "no apostamos a crecer, sino que vamos a menos", indicó. "¿No estaremos con esto incentivando el número de abortos? ¿El padre que participó en la gestación no puede opinar? No satanicemos al hombre. Muchos queremos paternidad responsable", destacó.
El proyecto
El proyecto establece que "toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional". Ese plazo no se tomará en cuenta si el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran "malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina". Los servicios de salud, tanto públicos como privados, tendrán la obligación de realizar el aborto en forma gratuita a las usuarias que lo soliciten.
En el Artículo 1º el proyecto establece que "toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional". No se aplicará dicho plazo si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial e intervención de médico forense.
Pero enseguida aparecen las “restricciones”, que en realidad son “ampliaciones” del supuesto derecho a abortar. El artículo 4º establece que "Fuera del plazo establecido en el art. 2º la mujer podrá decidir la interrupción de su embarazo en los siguientes casos: a) Si estuviera en riesgo la salud o vida de la mujer. b) Si existieran malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina.
En el texto anterior la palabra “salud” es clave, pues por "salud" se entiende el “estado de bienestar” biológico, psicológico y social.
Para tener “salud” no alcanza con no estar enfermo. Por tanto, un malestar psicológico, por ejemplo, es mala salud, aunque no haya enfermedad psicológica propiamente dicha. Por tanto, “pone en riesgo la salud” de la madre, y entonces, según el art. 4º arriba citado, autorizaría a la mujer a realizar el aborto, fuera del plazo de las doce semanas, o sea, hasta los nueve meses.
Miércoles, 28 de Diciembre de 2011 08:26
